La Justicia Federal admitió a la Unidad de Información Financiera y también a la Aduana como querellantes en la causa que investiga a una organización de apuestas ilegales, contrabando de celulares y lavado de activos.
La Unidad de Información Financiera (UIF) se presentó en las últimas horas como querellantes en el expediente que la Justicia Federal tiene avanzado sobre la organización criminal de Mar del Plata dedicada al contrabando de teléfonos celulares, el juego clandestino por medio de casinos on line y el lavado de dinero.
Así lo confirmaron fuentes judiciales que le dieron una trascendencia “fundamental” a la intervención de la oficina que se especializa en el análisis, tratamiento y difusión de inteligencia financiera para prevenir el lavado de activos.
Vale recordar que la fiscal Laura Mazzaferri y el juez Santiago Inchausti son los reponsables de la investigación que permitió detectar esta banda cuyo líder, Fabián Di Julio, se encuentra prófugo, aunque dos de sus hijos fueron detenidos, su esposa llamada a indagatoria y otras personas cercanas acusadas de integrarar la asociación ilícita.
Tal como lo informara ampliamente LA CAPITAL, se trata de una organización que movilizó cifras de dinero de tal magnitud que no hay registro de algo a una escala similar en otras causas.
Por estos días Franco Di Julio, Lucas Andrade, Nahuel Saraco, Gabriel Beain (funcionario que oficiaba de contacto dentro de la Aduana) y Víctor Alejandro Verón se hallan en prisión preventiva, en tanto Sebastián Ariel Coronel Olguín, Matías Ezequiel Cedrón, Pablo José Tubio y Agustín Miglierina fueron procesados sin prisión preventiva.
Todos ellos, encolumnados detrás de Fabián Di Julio, formaban parte de una organización que, además, utilizaba criptomonedas para reingresar en el circuito legal grandísimas ganancias obtenidas en el contrabanado de la telefonía y en la explotación de una página web de apuestas.
La investigación se había iniciado con una denuncia anónima y la Policía Federal pudo recoger una gran cantidad de datos incriminatorias para que la fiscal Mazzaferri le diera forma a las imputaciones.
El 6 de mayo pasado se llevaron adelante 22 allanamientos en viviendas, comercios y oficinas en Mar del Plata, a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Además, se libró una orden de presentación para la sede de la AFIP-DGA local. Durante los procedimientos se secuestró documentación de interés, dinero en efectivo, equipos informáticos, aparatos telefónicos y accesorios, así como también insumos y aparatos vinculados con la minería de criptoactivos.
De las cinco personas detenidas, dos fueron apresadas durante los procedimientos mientras que el resto de las detenciones fueron dispuestas luego, una de ellas concretada tras el regreso al país luego de un viaje al exterior. Otra se presentó posteriormente ante el Juzgado.
Días atrás lo hizo Gianluca Di Franco, quien había permanecido prófugo varias semanas. Al entregarse pagó una cuantiosa caución para continuar el proceso sin estar detenido.
En el auto de procesamiento el juez Inchausti libró embargos para los imputados por más de 20 mil millones de pesos, lo que da la pauta de la cantidad de dinero que movía esta organización.
Por ese motivo fue que la UIF se interesó en el expediente y decidió presentarse como querellante, al igual que lo había hecho ya la ADUANA.